jueves, 2 de diciembre de 2010

Otra ley que se aprobará para caminar hacia el estado Comunal!

(Foto Archivo)
(Especial LaPatilla.com) Otro instrumento legal que debe quedar sancionado antes del 5 de enero, como parte del plan socialista y radicalizado de la Asamblea Nacional, plegada a las intenciones del gobierno, es la Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, aprobada en primera discusión en 2009.
Este texto, que espera pos su segunda discusión antes de que se integren a sus labores legislativas los diputados que resultaron electos el 26 de septiembre pasado, encarna el planteamiento central del oficialismo en cuanto a su percepción de democracia, que no es otra cosa que la supresión de las atribuciones de muchos niveles de gobierno regional, municipal y local para que desde el poder central haya incidencia directa en una comunidad organizada, bajo estrictos lineamientos impuestos desde el Poder Ejecutivo Nacional.
Si bien no se decreta textualmente el fin de las alcaldías, gobernaciones, concejos municipales o juntas parroquiales, estas aparecen nombradas apenas una vez en el proyecto de ley de 79 artículos, para dejar claro que pueden convocar un cabildo abierto en el cual se tomarían decisiones vinculantes para la comunidad. He aquí uno de los aspectos que contradicen lo dispuesto en la Constitución Nacional, sobre los niveles de gobierno y la forma según la cual el poder está descentralizado para acercarlo más a la gente.
El Poder Popular, definido en una ley y no en la Carta Magna, crea estados dentro de estados, al hablar de autogobiernos, ordenación del territorio y referendos, que tendrían vida en organizaciones comunales. Se habla incluso de Estado Comunal, en un instrumento que habla de “participación protagónica revolucionaria” y “sociedad socialista”, evidenciando el carácter ideológico de la ley.
La Ley Orgánica de Participación y Poder Popular supone una coordinación para adelantar planes en las regiones y localidades, cuando está visto que en la práctica el gobierno de turno no sólo evita ponerse de acuerdo con autoridades que no le son afines políticamente hablando, sino que además es acusado de crear obstáculos. Entonces, vale la pena preguntarse si esa coordinación sólo será posible para aquellas comunas, registradas como se sabe por el Ejecutivo Nacional, que sólo digan “sí, señor” a las decisiones del gobierno.
En este proyecto de ley se incluye a la seguridad y defensa de la nación como una rama del poder popular, otorgando corresponsabilidad a los ciudadanos en “garantizar la satisfacción de los intereses y objetivos nacionales plasmados en la Constitución y las leyes”. ¿Esto podría generar enfrentamientos a políticas adelantadas por mandatarios que no son oficialistas?. Duda razonable.
En definitiva, el entramado legal socialista que desea dejar aprobado este parlamento, con el cuestionamiento además sobre el carácter orgánico de varios de los textos que se inscriben en el Plan Simón Bolívar, podría servir no sólo para la centralización de todas las decisiones, sino además de una pérdida progresiva del valor del voto, por cuanto las autoridades elegidas estarán permanentemente en coexistencia (y ¿conflicto?) con las expresiones del denominado poder popular.
Marvila Sánchez Lugo
(Especial Lapatilla.com)

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